Como bien sabemos quienes estamos en el tajo educativo, la meritocracia del sistema se reduce a dinero extra a cambio de créditos de formación, eso es todo. El resto de resortes de compensación son de carácter ético, dependen de la honestidad de cada cual, sin supervisión ni evaluación, por mero amor al oficio y respeto a nuestro alumnado. La administración no posee ningún medio de evaluación que no sea el número de aprobados y la ausencia de problemas con las familias, además de la puntualidad en la religiosa entrega del papeleo prescriptivo. Fuera de esto, ancha es Castilla. El profesorado que quiere aportar un plus de calidad a su trabajo, lo hace en horas extra no pagadas y contra todos los elementos, humanos, técnicos, administrativos, curriculares y sociales.
Poner el automático en esta profesión es fácil y carece de sistemas de penalización y reajuste. La calidad, el emprendimiento, la innovación -esos palabros imponderables tan cacareados- salen baratos a la administración educativa. Las consejerías de educación tienen en nómina a miles de docentes voluntariosos que cobran lo mismo que el pasivo funcionario que ficha a tiempo, no da lata y rubrica su prestancia profesional a través de un exitoso porcentaje de aprobados. Y todos contentos. La calidad se reduce al titular mediático que infla el ego electoral y funciona de placebo social a una ciudadanía que acaba creyendo sin reparos ni crítica alguna que aprender es lo mismo que sacarse un título.
Todo -permítanme subrayarlo- todo depende de la voluntad del profesorado. Un profesorado precario, voluntarioso, sostenido por una estructura a modo de leviatán, que tan solo favorece su propia supervivencia institucional, ligada casi siempre a la agenda política. Por esto y más razones, ocurrencias de temporada como el Mir educativo lo intuyo a priori como un raído alfiler con el que zurcir otras telas, ajenas al devenir de lo educativo.
No solo chirría en mis oídos la música, también desentona la letra del experimento. Afirma el ministro: «Este Mir educativo irá orientado a una parte primera de formación inicial, que debemos trabajar con las universidades.» Esas mismas que nunca han pisado un aula de Primaria o Secundaria, pero que se erigirán en gurús -junto a la condescendiente estela de asesores que coreará su cantinela- del modelo de calidad educativa a cambio de una renovada fuente de ingresos.
En una segunda fase, «un periodo de práctica en contextos reales y, por supuesto, en la formación permanente» -nada se dice del salario-, a través de «una red de centros educativos singulares.» ¡Y qué centro no lo es! Pasado este periodo ya eres oficialmente docente, un digno funcionario, convenientemente engrasado para adaptarte a la maquinaria de siempre que pone en marcha de forma rutinaria el sistema. Nada se dice de cómo arbitrar un modelo formativo permanente, y no se dice porque ese es el quid de la cuestión; no el modelo de acceso, sino el modelo de proceso. Es más vendible a la opinión pública un Dir que reduzca el concepto de calidad a un mero criterio demarcador y que ponga el foco en el docente y no en la estructura organizativa del sistema educativo, en el modelo de formación, de evaluación, de organización de centros, de reforma de currículos, de sabia dotación... Eso no viste bien en un titular, se resiste a ser simplificado en un tuit. D.I.R., por el contrario, son siglas fácilmente comprensibles por cualquier heredero de la Eso, facilitan mejor la digestión del respetable y sirven de golosina que desvíe el foco del problema del capitán al marinero.
Todo este circo se asemeja bastante a la prosaica metáfora de ducharse y ponerse después la ropa sucia encima, o pintar la puerta de tu casa, pero dejar que la humedad se apodere de sus paredes. Eso sí, los pintores ya se están frotando las manos.
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